Entra en vigor el decreto aprobado por Sánchez para ayudar con 71 millones a los refugiados

El último de los viernes sociales de Sánchez nos dejó la aprobación del Decreto 303/2019 con el que se espera dotar de medios y presupuesto suficiente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para ayudar a los solicitantes de asilo en sus primeros meses en el país, tanto en su manutención como en su alojamiento.

Debido al aumento de la llegada, en buena parte debido al efecto llamada al que el Gobierno socialista instó a todos aquellos que estaban cruzando el Mediterráneo, cada vez hay más peticiones de asilo y más llegadas irregulares al país. Todo, mientras el paro sigue siendo de los más altos de la zona euro y el salario medio se sitúa muy cerca del salario mínimo.

La previsión del Gobierno es de que en los próximos meses vuelva a multiplicarse la llegada de inmigrantes ilegales a España, y seguramente deba modificarse el actual decreto para actualizar los números en los próximos meses. El dinero, tal como el propio ejecutivo especifica en el decreto, irá a parar a asociaciones y ONGs que seguirán lucrándose con el tráfico de personas:

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«Dado el carácter de urgencia de la situación, es necesario incrementar la dotación
económica, reforzando las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de esta actuación del Sistema de Acogida mediante la correspondiente subvención a las
organizaciones no gubernamentales y no lucrativas especializadas que están
gestionando en la actualidad los recursos de recepción evaluación y derivación en la
fase de primera acogida, concretamente Cruz Roja Española, Comisión Española de
Ayuda al Refugiado y ACCEM».

En total, 71 millones de euros a repartir entre 3 asociaciones para la gestión económica de los recursos de ayuda a refugiados, que salen del bolsillo de todos los españoles y sin que nadie haya valorado la posibilidad de una gestión pública de esos fondos para evitar que se vaya ni un euro a manos indeseadas.

 

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